En vista de que no ha sido posible una moción de censura como VOX propuso varias veces, nuestra líder ha presentado el 17 de junio, en nombre de todos los seguidores de Movimiento por España, una denuncia al gobierno ante el Tribunal Supremo por su gestión de la pandemia del COVID 19, en la que se evidencia no solo negligencia, sino incluso intencionalidad. En la denuncia se documentan los avisos que el gobierno recibió desde el mes de enero, así como las declaraciones de varios ministros que reconocen al gobierno sabedor de los mismos. Sin embargo no dieron traslado de ellos a la población sino unicamente a su personal gubernamental, una semana antes del 8-M, permitiendo las manifestaciones masivas de ese día, y otras realizadas la semana anterior, sin alertar a los organizadores de su peligrosidad.
En breve ampliaremos la denuncia con más indicios de la intencionalidad en la propagación del virus por la confiscación de material sanitario y prohibiciones a los fabricantes españoles, así como la adquisición reiterada de material y equipos médicos defectuosos y la omisión de esa información al personal sanitario contagiado por ese motivo, así como la prohibición a las empresas de realizar tests a sus empleados y la dejación de funciones en cuanto a la provisión de tests para la población.
NOTA DE PRENSA
Madrid, 18 de junio de 2020.- Tras el archivo de la querella contra el delegado del gobierno de Madrid por supuesto desconocimiento del riesgo sanitario de las manifestaciones del 8M, la líder de Movimiento por España ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra el presidente del gobierno y miembros de su gabinete por los mismos motivos, de los que ellos sí tenían conocimiento. Más aún, por haber permitido igualmente otras manifestaciones y eventos multitudinarios la semana anterior al 8M sin advertir a los convocantes de su peligrosidad. Para más escarnio, ese riesgo sí fue advertido al personal de los ministerios la primera semana de marzo.
Todo ello hace sospechar una posible intencionalidad en la propagación masiva del virus, como hemos expuesto en nuestra denuncia, más allá de la supuesta negligencia gubernamental, teniendo en cuenta además las posteriores confiscaciones de material sanitario y su desabastecimiento en centros sanitarios y geriátricos, amén de la adquisición reincidente de material defectuoso y sin advertir de ello a los sanitarios.
Una vez más ponemos en manos de la Justicia la supervivencia del Estado de Derecho y de la salud de los españoles, confiando en su responsabilidad e integridad.
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Movimiento por España 